El Filósofo rancio versus Tucho: dos inquisidores frente a frente.

I

Un titular de Infovaticana ha llamado mi atención: "Tucho equipara la inquisición con el holocausto". He leído bien: el actual prefecto de la institución creada por Gregorio IX en el siglo XIII compara su negociado con el genocidio judío.

No me resisto a escarbar en la noticia, y en efecto, descubro que el pasado martes 27 de enero, durante la sesión plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (organismo sucesor del Santo Oficio; o sea, de la Inquisición), su Prefecto, Victor Fernández, destacó la necesidad de "humildad intelectual, espiritual y teológica en el ejercicio de la razón". Y para ilustrar esa lógica y cristiana exigencia -ubi umilitas, ibi sapientia- agrupó diversos y heterogéneos contraejemplos en la historia: 

"Cuanto más avancen la ciencia y la tecnología, más necesitamos mantener viva esa conciencia del límite, de nuestra necesidad de Dios para no caer en el terrible engaño, el mismo que llevó a los excesos de la Inquisición, a las guerras mundiales, a la Shoá, a las masacres en Gaza, todas situaciones a veces justificadas con argumentos falaces". 

No me lo podía creer: el responsable actual de la antigua Inquisición rebujaba en una misma bolsa los abusos históricos de esa antigua, vigente y necesaria institución que él preside, con horrores recientes como las guerras mundiales o el genocidio judío a manos de los nazis. O -acorde con el pensamiento progre moderno- las equiparaba a las "masacres en Gaza", comparación impropia teniendo más a mano las matanzas actuales de cristianos en Siria o Nigeria (que salen poco o nada en los medios de comunicación, pero que son tan reales como aquellas). Y que, además, se ajustan mejor a la comparación con las acciones condenables de la pretérita inquisición, pues en este órgano judicial -no ejecutivo- sólo estaban legitimados pasivamente los bautizados cristianos, es decir, nunca actuaba contra judíos o musulmanes sino exclusivamente contra cristianos. Y en Siria y Nigeria las víctimas son los cristianos.

Por otro lado, ignoro qué tiene que ver el avance de la ciencia y la tecnología con la defensa de la Verdad que nos trajo Cristo, salvo que alguien suponga -y no quiero pensarlo del responsable de defender la pureza de la fe recibida- que esta Verdad puede mudarse en razón de ese progreso. Sólo Jesucristo es Camino, Verdad y Vida, y sólo Pedro -la Iglesia Católica de la que él es su cabeza terrenal- tiene la misión encomendada por Cristo de confirmar la fe. Y cuando lo hace con los debidos requisitos, no cabe el error. Si defender la Verdad con malas artes (como hizo la Inquisición histórica en el pasado al emplear la tortura o admitir las denuncias secretas) está mal, defender el error, aunque sea con suaves y dulces sofismas, es peor. 

En fin, opino que tras sus desacertadas equiparaciones, el excelentísimo cardenal Fernández, por coherencia, debería presentar su dimisión como el "inquisidor general" que es actualmente (perdón, como el Prefecto para la Doctrina de la Fe, que queda más finolis). Por asociar el pasado de la institución que preside a la barbarie de los campos de exterminio.

Porque, además, es indiscutible que con el estudio objetivo (documental) y sin pasión de ese fenómeno histórico que es la Inquisición -y sobre todo de la española, la que ha tenido una mayor duración y fama negativa- se desmontan uno tras otro los desenfoques y excesos que la propaganda antihispánica ha vertido sobre ella. Sólo en cuanto a cifras de ejecuciones -sigo los datos del historiador inglés Henry Kamen "La inquisición española" Ed. Crítica (1985)- las víctimas mortales en nuestro país en tres siglos y pico de duración, no fue muy superior a 2.000 personas (compárese, en tiempo y número de víctimas, con las cifras de muertos por la intolerancia religiosa en la Europa protestante sólo en el siglo XVI). "La cantidad proporcionalmente pequeña de ejecuciones -reconoce Kamen (pág. 248) es un argumento efectivo contra la leyenda de un tribunal sediento de sangre". Y por supuesto, como sabemos, las sentencias del Santo Oficio eran meramente declarativas; confirmaban si el procesado era o no culpable de herejía contumaz, y era el Estado quien ejecutaba la sentencia (el brazo secular). El condenado, además, podía evitar la muerte mediante la retractación, incluso un momento antes de llegar la antorcha a la paja. Aparte de ello, era un tribunal que otorgaba muchas más garantías que los tribunales civiles y penales de su tiempo, hasta el punto que se han reportado casos de delincuentes comunes, sodomitas y amancebados, que blasfemaban tras su detención sólo para ser enjuiciados por ese tribunal eclesiástico. Y algo que no suele mencionarse: era inmensamente popular y aceptado por la práctica unanimidad del pueblo, que tenía grabada en su mollera que difundir la herejía era una acción mucho más peligrosa para la paz social que cualquier otro delito por grave que fuese. La herejía no sólo cerraba las puertas de la salvación individual sino que, además -como se vio en los ejemplos históricos de Francia o los estados alemanes durante el siglo XVI- propició espantosas guerras civiles y matanzas sin cuento que, en el caso francés, probablemente truncó su posible expansión ultramarina que en ese siglo glorioso realizaron Portugal, España e Inglaterra. Con nuestra mentalidad moderna enjuiciamos muy negativamente que Felipe II sajase radicalmente los focos luteranos de Valladolid y Sevilla en el siglo XVI (bien reflejados en las excelentes novelas de Miguel Delibes, El hereje, y de Eva Díez Pérez, Memoria de cenizas). Pero lo cierto es que merced a unas pocas penas capitales y a una política (anterior) de absoluta intolerancia hacia el error religioso, pudo España vivir sin esas convulsiones y logró así acometer la hazaña política y religiosa de conquistar un continente, sacarlo de las tinieblas del paganismo y de los sacrificios humanos, y llevar la luz de Cristo a millones de almas. 

Por supuesto que valió la pena, aunque le duela al prefecto argentino, que parece olvidarse de aquellos hombres que le regalaron a su patria la fe católica, y la bandera de la Inmaculada como enseña nacional.

II

Casualmente he estado leyendo durante las últimas semanas, las Cartas de otro inquisidor, del dominico Francisco Alvarado (1756-1814). Nacido en Marchena (Sevilla) y muerto en la capital hispalense (cuando acababa de ser nombrado consejero de la Santa Inquisición, tras ser restaurada por Fernando VII), fue un azote dialéctico de los invasores franceses y de aquellos liberales -"ciegos y sordos al sentir y querer del pueblo que decían representar" según Menéndez Pelayo-, que aprovecharon el vacío de poder ocasionado para revolucionar la historia política de España con la Constitución de Cádiz de 1812. Estos le quisieron descalificar como filósofo rancio, pero él se sentía muy orgulloso de ese título como timbre de gloria. Su quijotesco combate dialéctico contra los liberales/masones (Agustín Arguelles), los jansenistas españoles (Ireneo Nistactes) y los volterianos y satíricos impíos (Antonio Puigblanc, quien bajo el seudónimo judío de Natanael Yom-Tob redactó una famosa historia de la inquisición española, o Bartolomé Gallardo, autor de un Diccionario crítico-burlesco, lleno de irreverencias), nos regalan páginas llenas de humor, con un estilo jovial e irónico repleto de chascarrillos. Coincido con Menéndez y Pelayo en su juicio estilístico: "no soy de los que admiran su estilo prolijo, redundante y desaseado", pero también en los elogios del polígrafo santanderino, al destacar que Alvarado "personificó la apologética católica de en aquellos días", de tal modo que "apenas hay máxima revolucionaria, ni ampuloso discurso de las Constituyentes, ni folleto o papel volante de entonces que no tenga en ellas impugnación o correctivo"  (Historia de los heterodoxos españoles, Libro VII, Cap. II).     

Precisamente el aspecto más polémico de sus Cartas lo encontramos en su defensa férrea de la Santa Inquisición, suprimida tras duros debates de las Cortes gaditanas. En la edición de 1915 de sus Cartas Inéditas (escritas durante su exilio luso en Tavira entre agosto de 1810 y febrero de 1.811), el historiador y prologuista D. Edmundo González-Blanco, las califica abiertamente de "páginas negras".  Sin embargo, cuando uno lee su apología de tan polémica institución, observa por un lado que respondía no sólo -como ya referimos-  al deseo de un pueblo católico que quería vivir en paz con su religión y sus leyes tradicionales. También era la consecuencia natural de su lealtad a la doctrina clásica de la Iglesia acerca del vínculo de las dos espadas, que se remonta al papa Gelasio I (siglo V), y que tuvo su más brillante plasmación en los Dictatus Papae de Gregorio VII (siglo XI) o en las normas de Inocencio III y el Concilio de Letrán de 1215; principios que se sostuvieron desde entonces en la Iglesia hasta hace apenas sesenta años. A fines del siglo XIX, León XIII en su Inmortale Dei, refiriéndose a los Estados católicos, afirmó que "entre las principales obligaciones (del Estado) deben colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes y no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de aquella" (3).

Como vemos, por un lado, la Iglesia siempre tuvo meridianamente claro (hasta el Concilio Vaticano II) que la unidad religiosa era la base de la unidad social. Y, por otro, los Estados católicos sabían por experiencia que no había mejores leyes para la felicidad de los ciudadanos que las inspiradas por el Evangelio. Por eso el Estado y la Iglesia, cada espada con su misión específica y autónoma, debían colaborar uña y carne, incluso en los aspectos más desagradables como la represión de la propagación de la herejía (que si no se castigaba en las personas responsables, acabaría desgarrando con violencias el tejido social de la nación como demostraba la historia). De ahí la Inquisición. 

"La sedición, hermana carnal de la herejía, venía a marchas forzadas detrás de su inseparable hermana (...) y la infeliz provincia que abrigaba en su seno a la hermana mayor tenía luego que verse cubierta de la sangre, el llanto y los incendios que la menor derramaba, vertía y propagaba (...). Se convencieron, pues, las potestades temporales del peligro que les amenazaba por parte de esos enemigos de las verdades eternas, y tuvieron que declararse contra ellos, no solamente por el crimen de alta traición contra Aquel cuyo lugar ocupan en la tierra, más también por el de perturbadores de la paz y tranquilidad de su imperio, y de rebeldes contra sus leyes y coronas".

Pero hoy -oh tempora, oh mores- ha cambiado todo. El mundo desde luego, lo que es lógico;  pero también la Iglesia Católica, lo que no era previsible en virtud del principio "stat crux dum volvitur orbis" . Y da la impresión de que fue profetizado por el propio Alvarado en otra de sus cartas:

"El infierno, en fin, no prevalecerá contra la Iglesia Católica, pero podemos merecer que prevalezca contra la Iglesia de España como ha prevalecido contra la de Francia en nuestros días, y pocos siglos ha contra las de Suecia, Dinamarca, Prusia, Inglaterra, etc.

Observamos hoy que nuestros obispos colaboran con gobiernos rabiosamente anticristianos (el Valle), y apoyan la regularizacion de cientos de miles de musulmanes, sin plantearse las consecuencias futuras para la fe del país que deben pastorear; un giro de ciento ochenta grados respecto a todo aquello por lo que luchó el filósofo rancio y durante mucho tiempo la propia Iglesia, hasta nuestros días. Si el bravo dominico contemplase hoy nuestra nación, pensaría que fue un sueño la derrota de los impíos franceses y que sus malas filosofías se han apoderado del alma de nuestra patria con el auxilio de obispos carentes de fe. Entonces probablemente le venga a la mente ese verso bíblico, que advierte a los países del coste de su defección: 

"La nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas"  (Is. 60,12).